🇪🇸 El susto que vivieron miles de empresas
Hace apenas dos años, la hoja de ruta parecía clara y, para muchas pymes europeas, aterradora.
La Directiva CSRD — Corporate Sustainability Reporting Directive — iba a obligar, de forma escalonada, a un número creciente de empresas a publicar informes de sostenibilidad tan rigurosos como sus cuentas anuales: auditados externamente, estructurados según más de 1.200 puntos de datos, con análisis de doble materialidad y responsabilidad directa de los administradores sobre su veracidad.
Se estimaba que unas 50.000 empresas en la Unión Europea entrarían en ese perímetro. Y aunque el grueso eran grandes compañías, el efecto cascada preocupaba mucho más a las pequeñas: cualquier pyme que suministrara a una empresa grande sujeta a CSRD iba a recibir presión para entregar sus propios datos de sostenibilidad, aunque no estuviera obligada legalmente a reportarlos. Muchas empresas ya habían empezado a invertir tiempo y recursos en prepararse para ese escenario.
🇬🇧 The scare thousands of companies went through
Just two years ago, the roadmap seemed clear and, for many European SMEs, terrifying.
The CSRD — Corporate Sustainability Reporting Directive — was going to require, in phases, a growing number of companies to publish sustainability reports as rigorous as their annual accounts: externally audited, structured around more than 1,200 data points, with double materiality analysis and direct responsibility from company directors over their accuracy.
An estimated 50,000 companies across the EU were expected to fall within that scope. And although most were large companies, the cascade effect worried small ones far more: any SME supplying a large company subject to CSRD was going to face pressure to hand over its own sustainability data, even without a legal obligation to report it. Many companies had already started investing time and resources preparing for that scenario.
🇪🇸 Lo que cambió el 26 de febrero de 2026
La Comisión Europea publicó ese día la Directiva Ómnibus I — un giro regulatorio que redujo drásticamente el alcance de la CSRD.
El nuevo umbral es acumulativo y mucho más alto: solo estarán obligadas a reportar bajo CSRD las empresas que superen los 1.000 empleados y los 450 millones de euros de facturación neta. Las estimaciones oficiales sitúan en torno a 8.500 el número de empresas que seguirán dentro del perímetro obligatorio — frente a las 50.000 previstas inicialmente. En la práctica, esta reforma excluye aproximadamente al 90% de las compañías que iban a verse afectadas.
Las pymes que cotizan en bolsa — que iban a tener que reportar a partir de 2027 — quedan completamente excluidas de la obligación. Solo podrán hacerlo de forma voluntaria, usando un estándar simplificado llamado VSME, diseñado específicamente para ser proporcional a su tamaño.
Y hay un detalle que muchas pymes no habían anticipado: las empresas de menos de 1.000 empleados ahora tienen respaldo legal para rechazar solicitudes de información de sostenibilidad que excedan lo previsto en ese estándar voluntario — lo que limita directamente la presión en cascada desde las grandes empresas hacia sus proveedores pequeños.
🇬🇧 What changed on February 26, 2026
The European Commission published the Omnibus I Directive that day — a regulatory shift that drastically reduced CSRD's scope.
The new threshold is cumulative and much higher: only companies exceeding 1,000 employees and €450 million in net revenue will be required to report under CSRD. Official estimates put the number of companies remaining within the mandatory scope at around 8,500 — versus the initially projected 50,000. In practice, this reform excludes roughly 90% of the companies that were going to be affected.
Publicly listed SMEs — which were going to have to report starting in 2027 — are now completely excluded from the obligation. They can only do so voluntarily, using a simplified standard called VSME, specifically designed to be proportional to their size.
And there's a detail many SMEs hadn't anticipated: companies with fewer than 1,000 employees now have legal backing to reject sustainability information requests that exceed what's set out in that voluntary standard — directly limiting the cascade pressure from large companies onto their small suppliers.
🇪🇸 Otros dos frentes que también se aliviaron
La reforma no se limitó al reporte de sostenibilidad. También suavizó la Directiva de diligencia debida — CS3D o CSDDD — que obligaba a las empresas grandes a vigilar activamente el impacto social y medioambiental de toda su cadena de suministro.
Los umbrales de esa directiva también subieron de forma drástica: de 1.000 a 5.000 empleados, y de 450 millones a 1.500 millones de euros de facturación mundial. Se eliminaron además tres obligaciones que generaban especial rechazo entre las empresas: la exigencia de elaborar un plan formal de transición climática, un régimen de responsabilidad civil europeo específico para incumplimientos, y la obligación de terminar relaciones comerciales con proveedores problemáticos como último recurso. El límite máximo de las sanciones bajó del 5% al 3% de la facturación neta mundial.
El calendario también se estiró: el cumplimiento de la diligencia debida no será exigible hasta el ejercicio 2030, y algunas empresas que ya venían informando bajo el marco anterior podrán quedar eximidas de reportar los ejercicios de 2025 y 2026.
🇬🇧 Two other fronts that also eased
The reform didn't stop at sustainability reporting. It also softened the due diligence directive — CS3D or CSDDD — which required large companies to actively monitor the social and environmental impact of their entire supply chain.
That directive's thresholds also rose dramatically: from 1,000 to 5,000 employees, and from €450 million to €1,500 million in global revenue. Three obligations that generated particular pushback from companies were also eliminated: the requirement to draft a formal climate transition plan, a specific EU civil liability regime for non-compliance, and the obligation to terminate business relationships with problematic suppliers as a last resort. The maximum penalty cap dropped from 5% to 3% of global net revenue.
The timeline also stretched out: due diligence compliance won't be enforceable until fiscal year 2030, and some companies already reporting under the previous framework may be exempted from reporting for fiscal years 2025 and 2026.
🇪🇸 Lo que no ha desaparecido, solo se ha reubicado
Aquí está el matiz que muchas pymes están pasando por alto: alivio regulatorio no es lo mismo que ausencia de presión.
Los bancos, los inversores y los grandes clientes no han dejado de pedir datos de sostenibilidad solo porque la ley ya no lo exija. La demanda de esa información sigue ahí — lo que cambia es que ahora existe un marco legal, el estándar VSME, que protege a las pymes de solicitudes desproporcionadas y les da un lenguaje común y voluntario para responder sin tener que montar un departamento de sostenibilidad completo.
En España, la situación tiene una capa adicional de incertidumbre: el país todavía no ha completado la transposición de la CSRD original a su ordenamiento jurídico. El Proyecto de Ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad sigue en tramitación parlamentaria, mientras la CNMV insiste en que las obligaciones europeas se aplican de forma directa, transposición pendiente o no. Los Estados miembros tienen hasta marzo de 2027 para incorporar los cambios de la Ómnibus I a su legislación nacional.
Para una pyme española, la pregunta relevante ya no es "¿me obliga la ley a reportar sostenibilidad?" — la respuesta, para la inmensa mayoría, es no. La pregunta relevante es si alguno de sus clientes grandes, su banco o sus inversores le van a pedir esos datos de todas formas — porque esa presión, a diferencia de la obligación legal, no ha bajado el 90%.
🇬🇧 What hasn't disappeared, just relocated
Here's the nuance many SMEs are overlooking: regulatory relief isn't the same as an absence of pressure.
Banks, investors, and large clients haven't stopped asking for sustainability data just because the law no longer requires it. Demand for that information is still there — what's changed is that there's now a legal framework, the VSME standard, that protects SMEs from disproportionate requests and gives them a common, voluntary language to respond without having to build an entire sustainability department.
In Spain, the situation carries an extra layer of uncertainty: the country still hasn't completed transposing the original CSRD into its legal system. The Business Sustainability Information Bill remains in parliamentary process, while the CNMV insists the European obligations apply directly, transposition pending or not. Member states have until March 2027 to incorporate the Omnibus I changes into national law.
For a Spanish SME, the relevant question is no longer "does the law require me to report sustainability?" — for the vast majority, the answer is no. The relevant question is whether any of its large clients, its bank, or its investors will ask for that data anyway — because that pressure, unlike the legal obligation, hasn't dropped by 90%.
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