En 1962, el llamado Informe Neumark propuso a la Comisión Europea armonizar el impuesto de sociedades entre los países miembros, con tipos situados entre el 45% y el 55%. No prosperó. En 1970, el Informe Van den Tempel volvió a intentarlo. Tampoco. En 1975, una nueva propuesta de directiva planteó de nuevo una franja de tipos entre el 45% y el 55%. Otra vez fracasó. Durante más de medio siglo, cada intento de fijar un suelo común al impuesto de sociedades en Europa chocó contra la misma pared: en materia fiscal, el Consejo de la UE es el único legislador, y cualquier norma exige unanimidad. Basta con que un solo país diga no para que toda la propuesta muera. Y siempre hubo algún país con incentivos para decir que no — porque un impuesto de sociedades más bajo que el vecino es una forma barata de atraer inversión extranjera.
El mecanismo que perpetuó ese bloqueo tiene nombre: competencia fiscal a la baja. Si cada país fija su propio tipo y compite por atraer empresas, la lógica racional para cada gobierno individual es bajar impuestos, no subirlos — aunque el resultado colectivo perjudique a todos por igual al reducir la recaudación total del bloque. Casi el 90% de los ingresos de los gobiernos nacionales de la UE proviene de impuestos, así que no es un debate menor: es la columna vertebral de cómo se financia todo lo demás.
Lo que rompió el bloqueo, finalmente, no vino de Bruselas. En 2021, casi 140 países y territorios —coordinados por la OCDE y el G20, no por la UE— acordaron un marco fiscal internacional que incluía un tipo mínimo efectivo del 15% para grandes multinacionales, el llamado "Pilar Dos". La Unión Europea, que llevaba 59 años sin lograr consenso interno sobre este mismo tema, se convirtió en la primera en implementarlo legalmente: la norma entró en vigor el 1 de enero de 2024. Lo que la unanimidad europea no pudo construir puertas adentro durante seis décadas, un acuerdo multilateral externo lo resolvió en pocos años.
La implicación para España es concreta: el país aplica un tipo nominal del 25% en el impuesto de sociedades, por encima de la media de la UE (21,8%) y de la OCDE (23%), y es uno de los dos países de la Unión —junto a los Países Bajos— donde más ha subido la presión fiscal empresarial en relación al PIB entre 2013 y 2023. El nuevo suelo mínimo del 15% no cambia la posición relativa de España en ese ranking, pero sí limita cuánto pueden seguir bajando otros países para competir por la misma inversión, algo que durante décadas jugó en contra de las economías con tipos ya más altos.
La pregunta que nadie responde con datos: si a la Unión Europea le costó 63 años y una presión externa global lograr algo tan básico como un suelo común al impuesto de sociedades, ¿cuánto tardaría en construir, por sí sola, cualquier otra pieza de armonización fiscal más ambiciosa que todavía sigue sobre la mesa?
— La Forja Global
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Fuentes : El historial de los informes Neumark (1962), Van den Tempel (1970) y la propuesta de directiva de 1975 está confirmado directamente por la ficha temática oficial del Parlamento Europeo sobre imposición directa. El mecanismo de unanimidad en el Consejo para legislación fiscal y el dato de que casi el 90% de los ingresos públicos nacionales de la UE proviene de impuestos provienen de la web oficial del Consejo de la UE (consilium.europa.eu). El acuerdo global de 2021 con cerca de 140 países, la entrada en vigor del tipo mínimo del 15% el 1 de enero de 2024, y el papel pionero de la UE en su implementación legal están confirmados por El Derecho. Los datos de presión fiscal empresarial en España (12,3% en 2023, frente al 10,2% de media europea) y el tipo nominal del impuesto de sociedades (25% España vs 21,8% UE vs 23% OCDE) provienen del Instituto de Estudios Económicos (IEE), con fuentes cruzadas de Tax Foundation y la Comisión Europea. Nivel de confianza alto en todos los datos históricos y normativos citados.